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El tsunami que viene en materia de sostenibilidad

No cabe duda de que estamos en un contexto jurídico de cambios normativos constantes y de gran alcance en el mundo de la sostenibilidad o la ESG. En los próximos meses está prevista la publicación de nuevas obligaciones que afectarán a muchas empresas. Te contamos los principales cambios que se avecinan.

Nuevos requisitos legales

Obligación de cálculo de la huella de carbono

En estos momentos, el cálculo de la huella de carbono es voluntario. No hay ningún requisito legal que obligue a ello ni a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. No obstante, en los próximos meses está prevista la modificación del Real Decreto 163/2014, de 14 de marzo, por el que se crea el registro de Huella de Carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono.

Si el documento se aprueba tal y como está en la fase de información pública, aquellas empresas que, hasta ahora no calculaban su huella de carbono y que se ven afectadas por la ley 11/2018 en materia de información no financiera y diversidad (es decir, las organizaciones que deben elaborar un informe no financiero), deberán calcular su huella de forma anual. Además, también pasarán a estar obligados al cálculo de su Huella de Carbono, los departamentos ministeriales de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y las entidades gestoras de la Seguridad Social.

Asimismo, las organizaciones afectadas por esta modificación deberán elaborar un plan de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, con un objetivo cuantificado de reducción en un horizonte temporal de 5 años.

Otro cambio previsto será la posibilidad de calcular y registrar la huella de carbono de eventos en el Ministerio para la Transición Energética y el Reto Demográfico (MITERD). Esta opción puede ser especialmente interesante para los organizadores de congresos, formaciones, festivales, competiciones deportivas, etc.

Las pymes se verán afectadas indirectamente, ya que sus principales clientes les requerirán el cálculo de la huella de carbono para incorporarla a la suya.

Obligación de elaborar memorias de sostenibilidad (Directiva CSRD)

CSRD es el acrónimo de Corporate Sustainability Reporting Directive, la nueva Directiva que la Unión Europea (UE) publicó a finales de 2022 y que obligará a muchas compañías a elaborar y publicar una memoria de sostenibilidad.

CSRD tiene como objetivo aumentar la transparencia y la comparabilidad en la información sobre el desempeño ambiental, social y de gobernanza (ESG) de las organizaciones. De esta manera se pretende ayudar a los inversores y otros grupos de interés a tomar decisiones más informadas y sostenibles.

En los próximos meses, los estados miembros de la UE (como es el caso de España) deben trasponer la Directiva a su marco legislativo.

Si tu organización está por debajo de 250 personas trabajadoras y no cotiza en los mercados de valores, no estará obligada a elaborar una memoria de sostenibilidad. Ahora bien, las empresas que sí tienen esta obligación requerirán que sus proveedores les faciliten información para poder elaborar su memoria de sostenibilidad, ya que la Directiva obliga a reportar los impactos sociales y ambientales generados a lo largo de todo el ciclo de vida. Por lo tanto, es previsible que las grandes compañías comiencen a solicitar datos clave a sus proveedores (huella de carbono, programa de compliance, residuos generados, brecha salarial, etc.). En este contexto, pues, las pymes deben ir preparándose para recopilar y facilitar esta información.

Nueva Directiva de Diligencia Debida

La Unión Europea tiene previsto publicar este año una nueva Directiva sobre la Diligencia Debida, que regulará la obligación de las grandes empresas de respetar los derechos humanos y medioambientales, así como garantizar una buena gobernanza en el conjunto de las actividades desarrolladas a lo largo de sus cadenas de valor. La Directiva afectará directamente a las grandes empresas que tengan 250 empleados o más, que facturen más de 50 millones anuales o que tengan un balance total superior a 43 millones de euros, ya que deberán identificar, prevenir, mitigar y eliminar los principales impactos o efectos negativos de sostenibilidad causados por su actividad.

La Directiva también afectará a las pymes, que deberán alinearse también con estos principios, ya que les serán requeridos por las empresas afectadas.

No hay duda de que muchas pymes se verán afectadas por los nuevos requisitos legales mencionados en este artículo. Por ello, creemos fundamental anticiparse y considerar todos estos cambios como una gran oportunidad de negocio. Además, el desarrollo de una estrategia de sostenibilidad cada vez será más requerido en la obtención de financiación y el acceso a la contratación pública.

El compromiso con la sostenibilidad es imparable. Desde ECOGESA estamos a tu disposición para ayudarte a poner en marcha estos cambios.