La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, incorpora políticas y propuestas para aplicar la sostenibilidad en la gestión de las administraciones y las empresas, así como el impulso de la transparencia y la responsabilidad social.

 

La Ley aborda muchos cambios para intentar incentivar y acelerar el desarrollo de la economía, y para que ésta sea más competitiva, productiva e innovadora. El texto se centra especialmente en los tres ámbitos de la sostenibilidad: económico, ambiental y social. En el anterior artículo desarrollamos los requisitos de sostenibilidad ambiental (modelo energético, reducción de emisiones, movilidad sostenible, rehabilitación de viviendas, etc.). En estas líneas, abordaremos otro de los ámbitos con mayor recorrido y futuro: la responsabilidad social.

El Título I Mejora del entorno económico, incorpora en diferentes apartados el concepto de RESPONSABILIDAD SOCIAL tanto de las empresas como de la Administración Pública y otros conceptos derivados, como pueden ser Gobierno Corporativo, memorias de sostenibilidad, etc. Así, se pretende impulsar la sostenibilidad en la gestión de la empresas públicas, por ejemplo, adaptando sus planes estratégicos (antes de marzo de 2012) para presentar anualmente informes de Gobierno Corporativo, memorias de sostenibilidad, aplicar criterios de gestión ambiental, eficiencia energética, promocionar la integración de la mujer y de la igualdad efectiva y la plena integración de las personas con discapacidad, entre otros.

En lo que se refiere a la gestión empresarial, el artículo 39 pretende promover la Responsabilidad Social a través de las Administraciones Públicas que mantendrán una política de promoción, difundiendo su conocimiento y las mejores prácticas existentes y estimulando el estudio y análisis sobre los efectos en materia de competitividad empresarial de las políticas de responsabilidad social.

 

El Gobierno pondrá a su disposición un conjunto de características e indicadores para su autoevaluación en materia de responsabilidad social, así como modelos o referencias de reporte, todo ello de acuerdo con los estándares internacionales en la materia, para facilitar a pequeñas y medianas empresas, sobre todo, la aplicación de criterios de responsabilidad. Principalmente se pretende mejorar la trasparencia en la gestión, buen gobierno corporativo, compromiso con lo local y el medioambiente, respeto a los derechos humanos, mejora de las relaciones laborales, promoción de la integración de la mujer, de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, de la igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y del consumo sostenible.

 

Las sociedades anónimas podrán hacer públicos con carácter anual sus políticas y resultados en materia de Responsabilidad Social Empresarial a través de un informe específico basado en los objetivos, características, indicadores y estándares internacionales. En el caso de sociedades anónimas de más de 1.000 asalariados, este informe anual de Responsabilidad Social Empresarial será objeto de comunicación al Consejo Estatal de Responsabilidad Social Empresarial que permita efectuar un adecuado seguimiento sobre el grado de implantación de las políticas de Responsabilidad Social Empresarial en las grandes empresas españolas. Asimismo, cualquier empresa podrá solicitar voluntariamente ser reconocida como empresa socialmente responsable, de acuerdo con las condiciones que determine el Consejo Estatal de Responsabilidad Social Empresarial.

 

La Ley de Economía Sostenible pretende crear un marco global de mejora económica y competitividad, incorporando criterios de responsabilidad y equiparando la importancia de los tres ámbitos de la sostenibilidad, económico, social y ambiental, en la gestión de las administraciones y de las empresas, dado que una sociedad moderna debe tener en cuenta todos los impactos derivados de las actividades, ya sean internos o externos, no sólo económicos sino también sobre las personas y el entorno.