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Aprobada la norma ISO 37001. Primera norma mundial Antisoborno

Es de todos conocidos que en los últimos años han aflorado numerosos casos de corrupción y soborno, tanto en el sector público como en el privado. De hecho, según un reciente informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), cada año se pagan entre 1,3 y 1,75 billones de euros en sobornos en todo el mundo, lo que representa el 2% del PIB mundial.  Sin duda alguna, la corrupción y el soborno es un problema relevante en muchas organizaciones y su descubrimiento y conocimiento público puede ocasionar graves daños en la imagen reputacional de las empresas y poner en peligro su sostenibilidad.

Atendiendo a esta realidad, el pasado 15 de octubre, la Organización Internacional de Normalización (ISO) aprobó la primera norma mundial para prevenir, detectar y dar respuesta a posibles conductas de soborno en las organizaciones. Se trata de la norma ISO 37001: Sistema de gestión antisoborno. En su elaboración han participado 38 países y España fue representada por AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación).

La norma ISO 37001 antisoborno

La norma es certificable, tiene carácter voluntario y está dirigida a organizaciones de todos los tamaños y sectores de actividad, tanto públicas como privadas.

El objetivo de ISO 37001 es ayudar a las organizaciones a prevenir, detectar y gestionar posibles conductas de soborno, cumpliendo con la legislación aplicable.  El soborno es una de las conductas por el que las personas jurídicas pueden ser condenadas penalmente, según la última reforma del Código Penal que entró en vigor en julio de 2015. Según el citado Código, en caso de cometerse un delito de soborno, las organizaciones se enfrentan a graves consecuencias como el cierre de las mismas, la anulación temporal de su actividad, la imposibilidad de solicitar ayudas o subvenciones públicas, multas, etc.

 

Principales requisitos de la norma ISO 37001

Los principales requisitos que plantea ISO 37001 son:

  • El compromiso y liderazgo de la alta dirección para prevenir la corrupción
  • La elaboración de una política antisoborno
  • El análisis de los riesgos de cometer delitos de soborno en la organización
  • La implantación de procedimientos específicos para la prevención, detección y gestión de las posibles conductas delictivas de soborno
  • La designación de una persona que vele por el cumplimiento del modelo de complianceestablecido
  • La formación del personal
  • La implantación de controles internos y sobre los proveedores para la detección de casos de soborno
  • La implantación de un canal de denuncias y la investigación de los casos denunciados
  • La mejora continua del sistema

 

Concretamente, la norma específica que se deben establecer claramente cuáles son los comportamientos permitidos en la organización en relación con los regalos, entretenimiento y hospitalidad, donaciones y patrocinios, viajes oficiales, gastos de promoción, favores personales etc., así como identificar posibles conflictos de interés.

Por lo tanto, ISO 37001 constituye una potente herramienta para aquellas organizaciones que deseen o estén trabajando en el ámbito de la prevención penal y, sin duda alguna, se convertirá en un referente internacional que cada vez será más requerido en las relaciones comerciales o como ejemplo de transparencia en las administraciones públicas. Algo similar a lo que sucedió con la publicación de la norma ISO 9001 de gestión de calidad.

El grupo AddVANTE está especializado en compliance y en la definición e implantación de modelos de gestión ISO, aspecto que lo diferencia de otras consultoras y que constituye toda una garantía para las organizaciones que se planteen implantar y certificar su sistema de gestión antisoborno.

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Presentado el proyecto de ley de cambio climático en Catalunya

El calentamiento global de nuestro planeta y el consecuente cambio climático está causado, esencialmente, por las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) provocadas por el uso de combustibles fósiles y el cambio en los usos del suelo y la agricultura.

 

Sin duda, este es uno de los retos de carácter global más importantes que la sociedad tiene que hacer frente. En esta línea, el Gobierno de la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Territori i Sostenibilitat, ha sido pionero en España y ha aprobado el mes de enero de 2016 el anteproyecto de Ley de Cambio Climático, que ahora será sometido a tramitación parlamentaria.

 

La aprobación de la futura Ley de Cambio Climático persigue, básicamente, cinco finalidades:

  • Conseguir que Catalunya reduzca tanto las emisiones de GEI como la vulnerabilidad a los impactos del cambio climático, favoreciendo la transición hacia un modelo bajo de emisiones en GEI y, a la vez, estimulando el ahorro y la eficiencia en el uso los recursos (energía, agua, suelo, materiales, residuos).
  • Reforzar las diversas estrategias y planes que se han elaborado durante los últimos años en el ámbito del cambio climático.
  • Promover y garantizar la coordinación de todos los instrumentos de planificación sectorial relacionados con el cambio climático y la coordinación de todas las administraciones públicas catalanas, así como el fomento de la participación de la ciudadanía, de los agentes sociales y de los agentes económicos.
  • Convertirse en un país avanzado en la investigación e implementación de nuevas tecnologías.
  • Visualizar el papel de Catalunya en el mundo, tanto en los proyectos de cooperación como en la participación en los foros globales de debate sobre el cambio climático.

 

Los principales puntos clave del proyecto de ley son:

  • Un compromiso de reducción de las emisiones de GEI en Catalunya en un 25% en 2020, respecto al valor alcanzado en 2005.
  • El establecimiento de medidas concretas en diferentes sectores de actividad para reducir las emisiones de GEI. Entre estas medidas destaca que las empresas con centros de trabajo en Catalunya que en su conjunto tengan más de 250 trabajadores que quieran acogerse a las ayudas, bonificaciones y beneficios fiscales relativos a actuaciones y proyectos de naturaleza ambiental, energética, de innovación o para una transición hacia una economía baja en carbono establecidos o gestionados por el gobierno de la Generalitat de Catalunya, deberán acreditar:
    • el análisis de su vulnerabilidad a los impactos del cambio climático y, en su caso, un calendario de medidas de adaptación.
    • el inventario de las emisiones de gases de efecto invernadero del conjunto de sus centros en Catalunya así como las actuaciones que están llevando a cabo para reducirlas. Los datos del inventario deben estar validadas por una entidad de certificación independiente debidamente habilitada.
  • La ejemplarización de medidas en los propios departamentos de la Administración de la Generalitat de Catalunya, tales como:
    • disponer de un inventario de las emisiones de gases de efecto invernadero generados por los inmuebles, instalaciones y servicios que prestan.
    • establecer un objetivo de reducción de emisiones de GEI y un programa de actuación.
    • incluir en todos los procedimientos de licitación, concesión de obra pública y de gestión de servicios públicos y contratación que reglamentariamente establezca, a excepción de los contratos menores, especificaciones técnicas y criterios de adjudicación relativos al uso eficiente de recursos, especialmente en el consumo de agua y energía, y la minimización de las emisiones de GEI.
    • hacer pública la información sobre el grado de consecución de los objetivos y de las medidas correctoras que se propongan en caso de desviación.
  • La creación de un impuesto ambiental sobre las emisiones de CO2 en turismos y furgonetas. Con esta medida se espera incentivar cambios en el comportamiento ambiental y que se apueste por modelos más sostenibles. El tributo se aplicará de forma gradual a partir del año 2018 para los vehículos más contaminantes (más de 160 gCO2 / km). Por ejemplo, un turismo medio, que emita entre 120 y 130 gCO2 / km, pagará alrededor de 6 € / año.
  • La creación de un Fondo Climático, que deberá nutrirse, entre otros, de los ingresos procedentes del impuesto a vehículos y furgonetas. Este fondo debería impulsar la aplicación de medidas concretas para mitigar el cambio climático.

 

Se trata, pues, de un modelo pionero que se basa en la incentivación y la complicidad, que ha surgido tras un proceso participativo y que pretende dar respuesta a uno de los principales retos de nuestra sociedad.

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Catalunya produjo 3,6 millones de residuos industriales en el 2015

De acuerdo con el último balance realizado este verano por la Agència de Residus de Catalunya (ARC), Catalunya produjo 3,6 millones de residuos industriales en el 2015.

La cifra es conocida ya que 17.476 empresas catalanas inscritas en el registro de productores de residuos industriales están obligadas a presentar anualmente la declaración de residuos (DARI) especificando los residuos generados durante el año anterior. La gran mayoría son productoras de residuos, pero también hay unas 1000 que son gestoras de dichos residuos.

La cifra de residuos industriales se ha mantenido más o menos estable en los últimos 4 años, siendo todavía un 30% inferior a los residuos generados antes del inicio de la crisis económica en 2008.

El 80% de los residuos generados proceden de la industria agroalimentaria (26% del total), el sector metalúrgico (22%), las industrias químicas (16%) y las industrias del papel (11%).

El 11,5% de los residuos están catalogados como peligrosos y proceden en su mayoría (62%) de los sectores químico y farmacéutico.

Es remarcable el ligero aumento, por segundo año consecutivo, de los residuos de la construcción, dato que refleja una ligera recuperación de la edificación y la obra civil en Catalunya. En concreto, se generaron 2,9 millones de toneladas, un 7,4% más que en 2014, cuando se recogieron 2,7 millones. A pesar de todo, la cifra está todavía muy alejada todavía de los 11 millones generados en 2006, en pleno boom inmobiliario. La ARC se ha marcado como objetivo incrementar la valoración de los residuos de la construcción, impulsando el uso de hasta el 75% de los áridos reciclados que se generan. Por ello, ha propuesto la adopción de una normativa que regulará los áridos reciclados, detallando los usos permitidos, las condiciones de su utilización y los criterios de control en su producción.

Es importante recordar que recientemente ya se han producido cambios en el marco normativo general de residuos, siendo el más importante la entrada en vigor el pasado mes de mayo (2016) del Real Decreto 180/2015 sobre traslados de residuos ( ver información ampliada).

 

Residuos industriales declarados por demarcaciones según declaración 2015

*Todos los datos son en toneladas

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Nota informativa sobre la aplicación del RD 180/2015 de traslado de residuos en Catalunya

Con la entrada en vigor del Real Decreto 180/2015, las comunidades autónomas debían establecer un régimen de vigilancia y control de los movimientos de residuos efectuados exclusivamente dentro de su territorio antes del 7 de mayo de 2016.

Catalunya ya disponía de un régimen de control, establecido en el Decret 93/1999.

Para mantener la coherencia y la armonización de las dos normativas vigentes, la Agència Catalana de Residus (ARC) ha publicado una nota informativa en la que aclara qué documentos son necesarios para el movimiento de residuos dentro de Catalunya.

En primer lugar, se debe disponer de un contrato de tratamiento, obligatorio para los residuos que se trasladen desde las instalaciones del cliente hasta los centros de los gestores de residuos. El contrato debe formalizarse antes del inicio de un traslado y contener los puntos indicados en el artículo 5 del RD 180/2015. No hay un formato oficial, por lo que cada gestor de residuos diseñará su modelo de contrato propio.

Cuando se trate de residuos peligrosos y residuos destinados a eliminación, valorización o incineración se requiere una Fitxa d’Acceptació (FA) para notificar previamente el traslado de residuos. La ficha de aceptación pasa a tener una vigencia de 3 años, en lugar de los que 5 que ha tenido hasta la fecha. Si la FA no es obligatoria, se deberá cumplimentar el Formulari de Notificació de Trasllat.

Además, es necesario un documento de identificación, que acompañe al residuo durante su traslado, a efectos de vigilancia y control por parte de la Administración. En Catalunya continúan en vigor el Full de Seguiment (FS) y el Full de Seguiment Itinerant (FI). Este documento es necesario para todos los residuos que requieren FA y para los residuos no peligrosos destinados a operaciones de valorización que lo requieran según el Decreto 93/1999. Cuando se trata de residuos no peligrosos destinados a operaciones de valorización que no requieran de la FS/FI, se acepta un albarán, factura, carta de porte o cualquier otro documento de control.

En el caso de que los residuos dispongan como documento de identificación el Justificante de Recepción, se deberá tramitar el Documento de Control y Seguimiento (DCS).

El área de medio ambiente y sostenibilidad de AddVANTE está a su disposición para resolver dudas o aclarar aspectos específicos relacionados con el traslado de residuos dentro de Catalunya y con la legislación aplicable en materia de medio ambiente y seguridad industrial, en general.

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Las compañías tienen 9 meses para realizar una auditoría energética

Las grandes empresas y grupos de sociedades deben realizar obligatoriamente una auditoría energética antes del 12 de noviembre de 2016, según contempla el Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se traspone la Directiva 2012/27/UE de eficiencia energética,  del 25 de octubre de 2012.

 

La finalidad del RD es impulsar y promocionar un conjunto de actuaciones que contribuyan al ahorro y a la eficiencia de la energía primaria consumida, así como a optimizar la demanda energética de la instalación o de los equipos consumidores de energía. El objetivo marcado por la UE es que el conjunto de los países miembros mejoren un 20% su eficiencia energética. Con la publicación del RD, demanda largamente reclamada por el sector, se elimina el vacío legal que provocaba la falta de trasposición de la directiva en España, que en teoría debería haberse empezado a exigir el pasado 5 de diciembre.

En concreto, el RD obliga a las empresas de más de 250 trabajadores o más de 50 millones de facturación y un balance general que supere los 43 millones de euros a realizar cada cuatro años una auditoría energética. Quedan fuera de la obligatoriedad de la normativa las microempresas y las pymes.

Las auditorías han de cumplir ciertos requisitos técnicos y pueden ser realizadas por técnicos cualificados de las propias empresas que no tengan relación directa con las actividades auditadas o por auditores externos (personas físicas o jurídicas) que deben cumplir unos requisitos mínimos de cualificación. Aquellas auditorías que se hayan realizado con posterioridad al 5 de diciembre de 2012 se entenderán válidas siempre que cumplan los criterios técnicos establecidos.

Alternativamente se admite que las empresas dispongan un sistema de gestión ambiental (ISO 14001 y/o EMAS) o energético (ISO 50001) certificado por un organismo independiente siempre que incluya una auditoría energética que cumpla los criterios mínimos fijados.

Las personas físicas o jurídicas que deseen realizar auditorías energéticas deben inscribirse en un registro administrativo que gestionará el órgano competente en materia de eficiencia energética de cada comunidad autónomica (Institut Català d’Energia, en Catalunya).

Se estima que estas medidas afectan a unas 4.000 empresas de toda España que gestionan cerca de 27.000 establecimientos. Sin duda, estas medidas ganan trascendencia en España, donde los costes energéticos son muy elevados en comparación con otros países europeos y, especialmente, en ciertas actividades donde los costes energéticos representan una parte muy significativa de los costes totales de las empresas.

La no realización de la auditoría energética en el plazo legal establecido se considera infracción muy grave y será sancionado con multa de 10.001 a 60.000 €.Si la infracción ha causado perjuicio para terceros, para las administraciones públicas o para el medioambiente, o lucro para el infractor, la sanción será como mínimo con 30.000 euros o, si el perjuicio causado o el lucro obtenido fuera mayor, con el importe estimado de los daños ocasionados o el lucro obtenido y, como máximo, con la cifra resultante de multiplicar por 2 el importe estimado de los daños ocasionados o el lucro obtenido con el límite máximo de 100.000 euros.

Además de la multa correspondiente, la empresa puede ser inhabilitada para el ejercicio de la actividad por un periodo no inferior a dos años ni superior a cinco años en función de las circunstancias concurrentes.

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Publicadas las nuevas versiones de las normas ISO 9001 e ISO 14001

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La Organización Internacional de Normalización (ISO) publicó en septiembre de 2015 las nuevas versiones de las normas ISO 9001 (gestión de calidad) e ISO 14001 (gestión ambiental). Como ya sabéis, el éxito de ambas normas es indiscutible ya que más de un millón de organizaciones en todo el mundo disponen de un sistema de calidad certificado y más de 300.000 lo han conseguido en medio ambiente.
Entre las novedades que incorpora la nueva versión de ISO 9001 destaca un mayor énfasis en el liderazgo de la dirección. Además, se incluye el concepto de riesgo; no sólo limitado al efecto negativo de la incertidumbre, sino también para aprovechar los escenarios que puedan favorecer la consecución de los resultados (oportunidades). La norma también promueve una mayor eficacia de la cadena de proveedores y presenta un lenguaje más sencillo y claro para facilitar su aplicación a cualquier organización.

Por su parte, la norma ISO 14001 continúa priorizando la reducción y minimización de los impactos ambientales como consecuencia de la actividad desarrollada por cada organización.
Las principales novedades que plantea la norma son un enfoque a todo el ciclo de vida del producto o servicio, identificando y actuando sobre todas las etapas en las que se puede reducir el impacto ambiental. Además, prioriza el establecimiento de políticas que incorporen acciones de comunicación ambiental, tanto internas como externas. Todo bajo un fuerte liderazgo que integre la gestión ambiental en la gestión estratégica de las organizaciones.
Todas las empresas certificadas deberán adaptar sus sistemas de gestión a los nuevos requisitos antes de septiembre 2018. Desde Ecogesa recomendamos:

  • acordar el proceso de transición, es decir, cuando se hará formalmente el cambio a las nuevas versiones de las normas. Siempre que sea posible, se recomienda que sea la próxima auditoría de renovación, pero habrá que estudiar cada caso en concreto.
  • conocer bien los nuevos requisitos que plantean las dos normas,
  • formar al personal de la organización en estos requisitos,
  • realizar un diagnóstico previo para evaluar el grado de cumplimiento respecto a los nuevos requisitos,
  • implantar los cambios, de forma progresiva,
  • solicitar la auditoría externa a su entidad de certificación.

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